Unidad de Política Migratoria

La diáspora mexicana es una de las más grandes del mundo (13.0 millones de personas migran­tes en 2017), sólo antecedida por la de la India (15.6 millones), situación que da cuenta del peso y presencia de la población mexicana en el exte­rior. La mayoría de nuestros connacionales en el extranjero reside en Estados Unidos de América (11.6 millones), país con el cual conformamos el principal corredor migratorio del mundo. A pe­sar de que ha habido un incremento sustancial en la participación de las mujeres en el periodo de 2010 a 2017 (46.5 a 48.1%), los hombres siguen siendo mayoría; no obstante, hay que señalar que su presencia se redujo ligeramente en este mismo lapso, pasando de 53.5 a 51.9%. Es impor­tante aclarar que esta distribución de participación porcentual por sexo puede variar dependiendo del país de destino.

Se estima que en los próximos años la diáspo­ra mexicana siga en incremento aunque no de manera sostenida, debido, entre otros motivos, al envejecimiento de la población y a la desace­leración de la migración mexicana hacia eua: de una cifra de casi 400 000 mexicanos(as) que arribaron a aquel país en el primer quinquenio de la década de 2000, para estos últimos años se estima la llegada anual de un aproximado de 125 000 personas (acs, 2005-2017). Y aunque se prevé eventualmente un incremento de la mi­gración hacia otros países, no se hará con la misma intensidad con la que se presenta hacia Estados Unidos de América.

En cuanto a la población mexicana migrante de retorno, los datos dan cuenta de una disminución importante respecto del periodo 2005-2010 que, en términos absolutos, registró 859 000 mi­grantes, pues para el lapso 2010-2015 descendió a menos de 500 000. Al interior de esta dimensión cabe señalar que la participación de las mujeres seguirá siendo discreta, aunque en este último intervalo la cifra aumentó 5% con respecto al ci­clo anterior, para contribuir con 33.5% del total.

Si se considera que los factores económicos que motivaron la crisis financiera de 2008 se en­cuentran en un momento de estabilización, no se espera, a pesar del contexto político y social, un retorno masivo voluntario o involuntario. De esa forma no se vislumbra que, en los próximos años, se alcancen las cantidades históricas regis­tradas en 2005-2010.

Por otro lado, las cifras que hacen referencia a la migración en tránsito irregular registraron un incremento de más del doble entre 2010 a 2017, pues se pasó de poco más de 128.4 mil eventos a casi 296.8 mil. Si bien se observa un predominio masculino, la presencia de las mujeres migran­tes aumentó entre 2010 y 2017, de 22.4 a 30.5%.

Se debe señalar que, según las últimas estima­ciones realizadas por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (upmrip), 9 de cada 10 personas migrantes irregulares en trán­sito son originarias de Centroamérica, aunque en estos flujos encontramos también de todos los continentes y regiones.

En lo que respecta a la población nacida en otro país residente en México, los datos dan cuenta de una presencia discreta; históricamente, estos grupos no han superado 1% (un millón en 2015) de la población nacional. Los principales países de nacimiento de los extranjeros que residen en Méxi­co son Estados Unidos de América (73.5%), Gua­temala (4.5%) y España (2.3 por ciento).

En 2015 se contabilizó poco más de un millón de personas nacidas fuera de México, de las cuales más de la mitad son mexicanos(as) nacidos(as) en el exterior (58.3%).2 La participación de las mu­jeres en esta dimensión se mantiene a la par que su contraparte masculina; además, muestra es­tabilidad en el periodo observado (49.4% de ellas en 2010 y 49.6% en 2017).

^{1. La información contenida en este apartado se resume en el Cuadro 1. Se sugiere consultar las fuentes utilizadas.}

^{a Organización Internacional para las Migraciones (oim) (2019). World Migration. Recuperado de https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=2017 y https://www.iom.int/world-migration
b Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (upmrip) de la Secretaría de Gobernación (Segob), a partir de U. S. Census Bureau, American Community Survey (acs), 2005-2017. Integrated Public use Microdata Series (ipums), Estados Unidos de América.
c Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Segob, a partir de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), XII Censo General de Población y Vivienda 2000, muestra 10%; Conteo de Población y Vivienda 2005; Censo de Población y Vivienda 2010, muestra de 10%, y Encuesta Intercensal 2015.
d Estimación de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Segob, con base en upmrip, Boletines Estadísticos; U.S. Border Patrol Fiscal Year, y U. S. Census Bureau, American Community Survey (acs), varios años.}

^{2. Se trata de personas cuyos padres o al menos uno de ellos tiene la nacionalidad mexicana.}

La migración centroamericana hacia México co­menzó a hacerse presente con mayor fuerza en la década de 1980, cuando se dio acogida a per­sonas desplazadas y solicitantes de protección humanitaria que huían de los conflictos arma­dos en esa región. Sin embargo, fue a partir de la década de 1990 que México comenzó a confi­gurarse como un territorio de tránsito regular e irregular para personas migrantes provenientes, principalmente, de Guatemala, Honduras y El Salvador que buscaban ingresar a Estados Uni­dos. Al menos desde 2010, 9 de cada 10 personas migrantes en tránsito irregular han sido nacio­nales de alguno de esos países. En la mayoría de los casos, se trata de población sin documentos migratorios, lo cual la expone a diversos riesgos, aumenta sus vulnerabilidades y obstaculiza el ejercicio de sus derechos. Aun en contextos de migración en grupo, como los que se dan en las caravanas migrantes –que ofrecen cierto res­guardo–, muchos de los sujetos buscan pasar inadvertidos para evitar algún encuentro con las autoridades migratorias.

Esta pretendida invisibilidad o, bien, su agru­pamiento complica su contabilidad; no obstante, se estima que el volumen de personas migran­tes centroamericanas de paso hacia eua ha ido en aumento desde 2011 hasta registrar en 2014 la histórica cifra de 394.2 mil eventos, cifra supe­rior a los 388.7 mil eventos registrados en 2005, mientras que el promedio anual de este flujo para el periodo 2014-2017 fue de 335 000 eventos (upm, 2018a).

En el marco de esta migración de tránsito, al menos desde 2014 se ha observado una partici­pación a la alza de niñas, niños y adolescentes (nna) acompañados y no acompañados –a partir de la contabilidad de quienes fueron presentados ante la autoridad migratoria mexicana–, al pasar de 11.2% en 2013 a 19.3% en 2017, porcentaje su­perior al registrado en 2014 (18.2%). En cuanto a la participación específica de niñas y adolescen­tes mujeres se observa una tendencia similar: en 2011 representaron 27.6% del flujo, mientras que en 2017 su participación aumentó en casi 10 puntos porcentuales (35.5%). Además, cabe resaltar que, en el periodo 2014-2017, del total de nna migrantes irregulares en tránsito, poco más de 4 de cada 10 fueron no acompañados. Este es un tema preocupante que demanda ac­ciones para garantizar la protección de este grupo que, por su condición etaria, está más expuesto a enfrentar situaciones de vulnerabilidad.

En 2017, en Estados Unidos fueron detenidos 41 546 menores migrantes no acompañados y 41 223 acompañados, mientras que para ese mismo año, en México, se detuvo a 7 430 y 10 870, respectiva­mente. La mayoría de las niñas, niños y adolescentes provinieron de Guatemala, El Salvador y Honduras.

De 2014 a 2017, se observó una tendencia decreciente en las detenciones de menores no acompañados y unidades familiares origina­rias de México. En 2017, Guatemala tuvo el mayor número de nna no acompañados (14 827) y de unidades familiares (24 657) aprehendidos en Estados Unidos, seguido por El Salvador (9 143 y 24 122, respectivamente). En 2014, Hondu­ras fue el país con más detenciones en ambos grupos.

Por último, un aspecto a destacar es la necesidad de contar con información que permita identificar a grupos poblacionales que, por sus caracterís­ticas, se encuentran expuestos a situaciones de mayor vulnerabilidad, como las mujeres emba­razadas e indígenas, las personas adultas mayores y con discapacidad, así como el colectivo lgbti. Con respecto a este último grupo poblacional, es importante considerar lo complejo que resulta obtener información sobre orientaciones sexua­les, lo que hace más difícil su identificación. Para esta tarea es indispensable contar con datos a partir de los cuales se pueda caracterizar a los distintos grupos poblacionales referidos, ta­rea que debe estar a cargo del Instituto Nacional de Migración, como instancia que genera la in­formación y la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, como insti­tución responsable de producir la estadística migratoria y la investigación en la materia.

Flujo documentado de personas extranjeras no residentes

Dentro del flujo documentado de personas mi­grantes que ingresa a nuestro país, se incluye a visitantes turistas, visitantes de negocios, otros visitantes sin permiso de actividad remunera­da, visitantes de crucero, tripulación marítima, tripulación aérea, visitantes regionales, visitantes por razones humanitarias, visitantes con permiso de actividad remunerada, trabajadores fronteri­zos y diplomáticos. Entre 2013 y 2017, este flujo aumentó 57.8%, pasando de 19.2 a 30.3 millones de personas. En este periodo se implementó un conjunto de medidas tendientes a facilitar el in­greso a México de turistas de naciones a las que se les solicitaba visa; inclusive, se logró exentar 

del uso de visa mexicana a países como Colombia, Perú y Brasil, entre otros. En este mismo periodo, se hizo evidente un incremento importante de turistas provenientes de Estados Unidos y Canadá, situación que inyectó dinamismo a la economía mexicana, particularmente a las zonas turísticas consolidadas y a los nuevos destinos. Según ci­f ras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), entre 2013-2017 el producto interno bruto (pib) turístico ha reflejado un incre­mento anual sostenido, y su máximo crecimiento se observó entre 2014-2015 con 5.1 por ciento.

Flujo documentado de personas extranjeras residentes

Aunque el número de inmigrantes extranjeros que tramitan su residencia temporal o perma­nente en México no es, en volumen, un grupo relevante, es un hecho que entre 2013-2017 el número de nuevos residentes se ha incre­mentado, aunque con variaciones, pasando de 88 000 nuevos residentes en 2013, tanto tem­porales como permanentes, a 92 000 en 2017, residencias cuyo motivo principal es el vínculo familiar u oferta de empleo. Según estimacio­nes de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, el stock de extranjeros con residencia regular en México pasó de alrede­dor de 326 000 en 2014 a 349 000 en 2017.

Connacionales en el exterior

Del total de mexicanas y mexicanos que residen en el exterior, 97.8% se ubica en Estados Unidos. Las características particulares que presentan los procesos migratorios con eua obligan a una mayor atención. Del total de mexicanas y mexicanos que 

del uso de visa mexicana a países como Colombia, Perú y Brasil, entre otros. En este mismo periodo, se hizo evidente un incremento importante de turistas provenientes de Estados Unidos y Canadá, situación que inyectó dinamismo a la economía mexicana, particularmente a las zonas turísticas consolidadas y a los nuevos destinos. Según ci­f ras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), entre 2013-2017 el producto interno bruto (pib) turístico ha reflejado un incre­mento anual sostenido, y su máximo crecimiento se observó entre 2014-2015 con 5.1 por ciento.

Flujo documentado de personas extranjeras residentes

Aunque el número de inmigrantes extranjeros que tramitan su residencia temporal o perma­nente en México no es, en volumen, un grupo relevante, es un hecho que entre 2013-2017 el número de nuevos residentes se ha incre­mentado, aunque con variaciones, pasando de 88 000 nuevos residentes en 2013, tanto tem­porales como permanentes, a 92 000 en 2017, residencias cuyo motivo principal es el vínculo familiar u oferta de empleo. Según estimacio­nes de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, el stock de extranjeros con residencia regular en México pasó de alrede­dor de 326 000 en 2014 a 349 000 en 2017.

Connacionales en el exterior

Del total de mexicanas y mexicanos que residen en el exterior, 97.8% se ubica en Estados Unidos. Las características particulares que presentan los procesos migratorios con eua obligan a una mayor atención. Del total de mexicanas y mexicanos que

residían en aquel país en 2016, 5.5 millones, 44% del total (Passel y Cohn, 2018), se encontraban sin documentos de estancia, situación que tiene una carga negativa que deriva en una afectación al ejercicio de sus derechos fundamentales.

Uno de los grupos con mayores consecuen­cias debido a lo anterior son las niñas, niños y adolescentes, quienes, al tener limitado acceso a la asistencia sanitaria y a la educación, sufren retrasos en su desarrollo integral. La falta de documentación limita las oportunidades labo­rales y de integración, lo que afecta en la vida social, económica y política, tanto de la sociedad estadounidense como de la mexicana.

La migración entre México y Estados Unidos se caracteriza por la construcción de redes que han conectado a grupos e individuos de ambos países. Es por ello que hoy en día se habla de espacios trasnacionales, entendidos como las relaciones y vínculos no oficiales a través de las fronteras, generados y mantenidos por las personas inmigrantes y sus familiares, conna­cionales y otros integrantes de su comunidad en sus lugares de origen o en algún espacio en México (Aranda, 2018).

La participación política y ciudadana de las poblaciones migrantes no se limita al mejora­miento de sus lugares de origen, sino también a las prácticas ciudadanas en el ámbito de la vida cívica tanto en México como en el extran­jero. Ambos espacios de actuación otorgan un rol importante para que las y los migrantes sean miembros activos en las dos naciones (Herrera, 2016). El endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos ha generado la separación de familias y la repatriación forzada de connacionales.

En 2017, las deportaciones de mexicanos con estancias largas en Estados Unidos aumentaron 

con respecto al año anterior, pasando de 24 a 39% del total de los eventos contabilizados por año. Los periodos de 2009-2012 y de 2013-2016 son los que más deportaciones de migrantes mexicanos han registrado, con 1 137 000 y 1 055 000 eventos, respectivamente. En 2011, 50.6% de los mexicanos retornados reportaba faltas adminis­trativas o criminales, en tanto que este porcentaje bajó a 41.7% en 2016, año en el que se registraron 245 000 deportaciones de mexicanos. En 2014 se registraron en Estados Unidos más aprehensiones de migrantes nna, con 107 613 casos. De éstos, 68 631 (63.8%) eran no acompañados y 38 982 (36.2%) acompañados. Por ley, a las y los meno­res no acompañados se les puede considerar como víctimas de trata y seguir un proceso an­tes de su deportación, caso contrario a lo que ocurre con los acompañados que, en pocos me­ses, pueden ser deportados.³

Por otro lado y de acuerdo con datos recopila­dos de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (Emif Norte), que se aplica a la población mexicana devuelta por las autoridades migratorias estadounidenses, puede observarse que las medidas tomadas por ese país han ge­nerado un incremento en el número de eventos de devolución, pues de 21 000 personas que fue­ron repatriadas y separadas de sus hijas e hijos menores de edad en 2015, la cifra aumentó a casi 30 000 en 2017.

Para las madres y los padres de familia que son deportados a México, los planes de reunifi­cación implican obstáculos legales y requisitos muchas veces imposibles de cumplir. Durante este proceso deben mantenerse en contacto con su asistente social en Estados Unidos, para lo cual se requiere de el acompañamiento y apoyo de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Go­Go­ bernación, y buscar la manera de encontrarse con sus hijas o hijos, pero si deciden cruzar y son de­tenidos nuevamente enfrentarían la carga penal de reingreso ilegal (ilegal re-entry), lo cual puede llevar un castigo de hasta 14 meses de prisión.

3 Consejo Nacional de Población (Conapo). https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/388361/Anuario_Migracion_y_Remesas_2018_ISNN.pdf

Por distintos motivos y bajo la figura de protección internacional, México ha sido hogar de personas extranjeras que se encuentran en riesgo en sus países de origen debido a las condiciones de inseguridad, sea por guerras civiles, desastres naturales o crisis sociopolíticas.

Los compromisos asumidos por México en el ámbito internacional para la protección de los flujos de personas migrantes desplazadas por la guerra civil guatemalteca de finales de 1970 y principios de 1980 llevaron a la generación de un marco jurídico específico para esta población que, hasta ese momento, no contaba con una legislación regulatoria capaz de atender el des­plazamiento de las personas para salvaguardar su vida (Imaz, 1995; Cobo y Fuerte, 2012). Décadas más tarde, en 2011, el impacto de esta normati­va se vio reflejado en la creación de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político que hoy rige los procesos de solicitud de la condición de refugiado y asilo político en el país (lrpcap, 2011).

Aunque en años recientes México ha visto incrementado el número de solicitudes de la condición de refugiado, éste no se compara con el que recibe Estados Unidos anualmente. En 2017 se presentó un incremento con respecto al año anterior de 66% en los solicitantes de refugio, al pasar de 8 796 a 14 603. Hasta septiembre de 2018 se habían presentado 17 116 solicitudes de re­fugio en México. La proporción de rezago de estas solicitudes de refugio hechas ante la Comi­sión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en el periodo 2013-2018 (septiembre) fue de 26.8%, y si solamente se considera lo observado en 2018 (enero-septiembre) el rezago alcanzó 72.5% (upm, Boletines Estadísticos).

Entre los principales países de origen de los solicitantes destacan El Salvador, Honduras y recientemente Venezuela, los dos primeros con una historia de violencia desde la década de 1980 que por diversos factores no han logrado mejoras estructurales para garantizar la seguridad de sus connacionales, mientras que en el caso de Venezuela con una situación de crisis económi­ca, social y política agravada desde 2016.

Por la ubicación de México con respecto a la de Estados Unidos, nuestro territorio represen­ta un paso obligado para las personas migrantes centroamericanas que por vía terrestre pretenden llegar a la Unión Americana. Este factor geográ­fico, aunado a décadas de escaso desarrollo económico y a un incremento en los niveles de violencia en Centroamérica, han sentado las ba­ses para consolidar uno de los mayores corredores migratorios en el mundo: el de Centroamérica- Estados Unidos. De manera paralela, en los últimos años se ha observado un paulatino refor­zamiento y control en la frontera sur de Estados Unidos, incluyendo los puntos autorizados. Lo anterior es sin duda una estrategia que preten­de reducir la probabilidad de un cruce exitoso a ese país entre la población migrante irregular, al tiempo que envía señales poco alentadoras para quienes conforman los flujos migratorios irregu­lares y que eventualmente pudieran intentar un cruce.

Este mensaje no está dirigido exclusivamente a la población centroamericana, sino que también puede hacerse extensivo para aquellas personas migrantes provenientes de otras latitudes conti­nentales y extra continentales ‒algunas de ellas desplazadas por situaciones de violencia–, cuya presencia en nuestro país, aunque de manera dis­creta, va en aumento.

Ante este escenario es particularmente rele­vante destacar dos aspectos: 1) como respuesta a los mayores controles migratorios ejercidos en Estados Unidos, la posibilidad de solicitar refugio aparece como una alternativa de migrar de una forma más segura y, en muchos de los casos, es de hecho el motivo principal de emprender un proceso migratorio. En consecuencia, lo anterior ha ocasionado un incremento considerable de las solicitudes de refugio –principalmente de per­sonas migrantes centroamericanas tanto en México como en Estados Unidos.

En este contexto, se han registrado algunos casos en los que si bien Estados Unidos recibe tales peticiones, las o los titulares de éstas son re­movidos a México para esperar la resolución correspondiente. 2) Si bien no puede decirse que ello convierte de facto a México en lo que se cono­ce como Tercer país seguro, dado que no hay hasta ahora un acuerdo regional o bilateral con tales propósitos y México no ha asumido su admisión bajo tal esquema, es cierto que nuestro país está comprometido con la procuración de protección humanitaria internacional, por lo que de manera solidaria ha recibido estos casos mostrando con­gruencia con su amplia tradición en la acogida de población extranjera solicitante de refugio y protección complementaria, justamente a través del fortalecimiento de la institución del refugio y asilo.

Como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, México asume como prioritario el desarrollo de estrategias y programas que ga­ranticen el principio de la gobernanza de las migraciones, así como la coherencia de las po­líticas entre los tres órdenes de gobierno para maximizar los beneficios de la migración. En este marco, cobra relevancia la consolidación de mecanismos que favorezcan la reintegración de connacionales en contexto de retorno volunta­rio o forzoso, lo cual comprende el reconocimiento de la heterogeneidad de esta población y la di­versidad de necesidades, demandas y aptitudes, así como sus cualificaciones y competencias, para con ello revalorar sus aportaciones a la sociedad, la economía y la cultura del país.

De acuerdo con datos de la Encuesta Inter­censal 2015, en lo que corresponde al entorno laboral, en el periodo 2010-2015, 66.2% de las per­sonas migrantes de retorno procedentes de eua formaba parte de la Población Económicamente Activa. De esa proporción, 45 480 eran mujeres y, de ellas, 96.9% se encontraba en alguna ocu­pación, mientras que de los 231 406 hombres contabilizados, 93.8% estaba ocupado. Los principa­les subsectores de inserción laboral fueron para ellas el sector de servicios (53.2%) y el de comer­cio (27.4%), mientras que para los hombres fue el de servicios (30.0%), seguido de la agricultura (23.7%) (upm, 2016).

El proceso de integración para las personas de origen extranjero y sus familias implica un reto en la medida en la que se busca involucrar a la comunidad de acogida y se establecen mecanismos para la participación de esta pobla­ción en la toma de decisiones que inciden en su bienestar, bajo el principio de progresividad de los derechos inherente al cambio de paradigma que plantea la nueva política migratoria.

Es importante destacar que ambos procesos deben ser atendidos y promovidos mediante programas fundamentados en diagnósticos en los que se identifiquen los perfiles y las necesidades de las y los migrantes, desde las perspectivas de género y de la niñez, con el propósito de mini­mizar los obstáculos o riesgos que puedan estar asociados al acceso de oportunidades en los ám­bitos laboral, escolar, de salud física, mental y reproductiva, de seguridad social, entre otros. La población migrante, sea de retorno o extranje­ra, debe encontrar en suelo mexicano todas las facilidades para continuar su vida en condi­ciones óptimas, al tiempo de reconocerse como agente de desarrollo y de cambio social, gracias a las habilidades y experiencias adquiridas duran­te su estancia en otros países.

En el marco de políticas asertivas de integración y reintegración, es necesario contar con informa­ción que permita evaluar su plena inserción en las esferas social, cultural, económica y laboral.

Para llevar a cabo las acciones planteadas en los párrafos previos es indispensable la coordina­ción de aquellas secretarías de Estado a las que, por sus atribuciones, les corresponde impulsar políticas de integración de personas migrantes, como son las secretarías: del Trabajo y Previ­sión Social, de Salud, de Bienestar, de Educación Pública y la de Cultura, cuyos esfuerzos en este sentido deben estar encabezados por la Secreta­ría de Gobernación.

Dreamers

El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o daca (por sus siglas en in­glés), establecido en 2012, estaba focalizado a la documentación temporal de personas migran­tes que llegaron siendo niños(as) a Estados Unidos y que contaban con cierto nivel educativo, en par­ticular a los denominados dreamers.4 Se calcula que aproximadamente dos millones de perso­nas migrantes no documentadas llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad, de las cuales 53.1% son mexicanos(as) (Segob, 2017). Estas personas crecieron en Estados Unidos, se formaron en aquel país y estudiaron en sus escuelas.

Se espera que, de regresar a México, tengan oportunidades de inserción escolar y laboral, acceso a servicios básicos como vivienda y sa­lud y, de ser el caso, documentos de identidad mexicana, sobre todo cuando la emigración se dio en edades tempranas y no los hubiesen obte­nido en México. La generación de oportunidades de esta naturaleza se llevará a cabo mediante un importante despliegue de acciones a cargo de la Secretaría de Educación Pública, la Comi­sión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la Secretaría de Salud, el Registro Nacional de Po­blación y el Registro Civil.

Uno de los principales retos que impone la deportación masiva de jóvenes dreamers está re­lacionado con la oferta laboral, no sólo en cuanto a la apertura de empleos formales, sino que estén bien remunerados; es preciso generar condicio­nes para la incorporación de esta población al mercado formal y, al mismo tiempo, promover un cambio en la cultura laboral en México con la premisa de que se valoren los conocimientos, las capacidades y las habilidades que estos jóvenes han adquirido en Estados Unidos. Básicamente este reto está a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Consejo Nacional de Nor­malización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), para la profesionalización del capital humano.

La llegada de dreamers representa una serie de desafíos que requieren de atención integral e in­mediata, dada su exposición a situaciones propias de su edad y de los contextos migratorios a los cuales la mayoría se enfrenta o se enfrentó antes de emigrar, como son las condiciones de pobreza y marginalidad, distintos tipos de violencia (social, física, sexual y económica), delincuencia, entre otros factores estructurales, así como si­tuaciones de separación familiar.

Migración calificada

La migración calificada hace referencia al des­plazamiento internacional de personas con estudios superiores o experiencia profesional en ocupa­ciones calificadas que fomentan el desarrollo y competitividad de un país.5 México ocupa el sex­to lugar entre los 10 principales países de origen de personas migrantes calificadas, y el primero entre los países que conforman América Latina (sre, 2016; Gaspar y Chávez, 2016; Cruz-Piñeiro y Ruiz, 2010; Rodríguez, 2009).6

Si bien una parte considerable de las y los mexicanos altamente calificados se concentra en Estados Unidos, en años recientes se ha ob­servado una diversificación de esta población en términos relativos hacia otras partes del mundo como Canadá y Europa. Considerando lo anterior, este tipo de movilidad humana plantea desafíos para el Gobierno de México, ya que implica la creación de espacios laborales competitivos, el desarrollo de infraestructura tecnológica y cien­tífica, y la elevación de los niveles de vida de la población para canalizar adecuadamente el capital social del que son poseedores(as). El po­ner en marcha las estrategias adecuadas para enfrentar tales retos corresponde, básicamen­te, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Educación Pública y la Se­cretaría de Relaciones Exteriores.

La atracción de talentos deberá centrarse en sectores estratégicos de la economía mexicana y estrechar los vínculos educativos, científicos y profesionales a través de la promoción de in­tercambios educativos y becas para estudiar en México, respetando el principio de equidad entre nacionales y extranjeros. En materia laboral, un primer paso para cumplir esta meta se encuentra en la formulación de un sistema de puntos,7 cons­truido a partir de la visión común que incorpore y atienda las necesidades de los sectores priva­do, público y social en México. Los lineamientos para la elaboración de ese sistema estarán a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión So­cial y la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, y será operado por el Ins­tituto Nacional de Migración, al ser la instancia que otorga los permisos de trabajo a personas extranjeras.

Remesas

Pese al endurecimiento de la política migratoria estadounidense, hasta el momento no se obser­va una afectación en el envío de remesas. Tras la recuperación de la economía en Estados Uni­dos, desde 2016 las remesas presentan máximos históricos: en 2018 alcanzaron 33 000 millones de dólares, lo que representó, en promedio, 2.7% del pib nacional. De hecho, 5 de cada 100 hogares en México reciben remesas, mismas que repre­sentan 20.4% del ingreso total corriente de esos hogares, de los cuales 80% declaró utilizarlo para comprar comida o vestimenta; 40% para salud; 16% para pagar deudas; para educación 15%; para vivienda 13%, y sólo 1.3% para poner negocios o comprar tierras. La dependencia de las remesas varía por entidad federativa: en 2017, las princi­pales entidades receptoras fueron Michoacán (10.9%), Oaxaca (9.6%), Zacatecas (9.4%) y Guerre­ro (9.2%) (Conapo-Bancomer, 2018).

Desde la nueva política migratoria se busca la generación de alternativas para incentivar que las remesas se reflejen en proyectos productivos fami­liares, que construyan o incrementen su patrimonio.

Un tema en el que se han mostrado avances es la reducción de los costos de transacción de las remesas, la cual es menor a 3% por cada 300 dólares enviados. Con ello se atienden las me­tas ya estipuladas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) y el Pacto Mundial para la Migra­ción Segura, Ordenada y Regular en el sentido de privilegiar la integración y el aprovechamien­to del fenómeno migratorio en aras del desarrollo y el bienestar. Para mantener esta tendencia a la baja es importante estrechar los lazos de coope-

ración entre las instituciones involucradas, como es Banxico, la Condusef, la Procuraduría Fede­ral del Consumidor (Profeco), la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Economía y la Secre­taría de Hacienda y Crédito Público.

Desde México también se envían remesas familiares hacia el extranjero. En 2017, de los 761 millones de dólares enviados desde este país, 45.2% tuvo como destino Estados Unidos; 15.4%, Colombia; 8.1%, China, y 3% Perú, mientras que el resto se distribuye entre Guatemala, Hon­duras, España, Canadá, República Dominicana y Argentina (Conapo-Bancomer, 2018).

Respecto del envío de remesas, cabe des­tacar que la Condusef opera el micro-sitio “Mexicanos en el Exterior”, que provee informa­ción sobre el envío de remesas, específicamente en torno a las comisiones que cobran distintas empresas, la rapidez de las transferencias y los pun­tos de pago. Por su parte, el Programa 3x1 mantiene modelos de inversión y cooperación entre los gobiernos, los donantes, las funda­ciones y los grupos de personas migrantes que se unen en asociaciones para promover el cambio social y que no se limitan al campo o a la producción agrícola.

Economías locales y desarrollo regional

La escasez de oferta de empleo digno y bien re­munerado y la desigualdad social son parte del contexto que predomina en la estructura de la migración centroamericana en los países de ori­gen; en el mismo sentido, en el caso específico de México, la región sureste está envuelta en una dinámica migratoria motivada por situacio­nes de precariedad y marginación social.

El sureste mexicano arraiga condiciones des­favorables que la convierten en una de las regiones

más rezagadas, con gran presencia de trabajo informal, dispersión de la población, sistemas de comunicación intrarregional complejos y zonas en las que han proliferado escenarios propicios para la marginación, la pobreza y la desigualdad, cuya cer­canía con entornos violentos y de crimen organizado como los registrados en Centroa­mérica amenazan la paz y la convivencia social.

A la luz de lo anterior, el Estado debe recupe­rar su capacidad de promoción y regulación de la economía, la productividad y el empleo dig­no, básicamente a través de las instituciones responsables de ello, como son la Secretaría de Economía, la Secretaría de Bienestar, la Secreta­ría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La urgencia nacio­nal exige ver, en la cuestión social, al elemento con mayor capacidad para generar sentido a la acción política.

Educación inclusiva

Conforme a los principios establecidos en la legislación nacional y los compromisos interna­cionales de México en materia educativa, resulta importante avanzar en el cumplimiento del ob­jetivo global sobre educación (ods 4) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que tiene por finalidad ofrecer una enseñanza inclusiva y equi­tativa de calidad en todos los niveles educativos (unesco, pnud, unfpa, acnur, unicef, Banco Mundial, oit, 2015) y el empoderamiento de las personas migrantes y las sociedades para lograr la plena inclusión y la cohesión social (objetivo 16), tal como se establece en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (onu, 2018).

Esto significa promover, facilitar y garantizar el acceso efectivo a la educación de las pobla­ciones migrantes, especialmente aquellos grupos en condiciones de vulnerabilidad, bajo los prin­cipios de no discriminación por causa de su origen étnico o nacional, sexo, género, edad, discapa­cidad, condición social o económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra circunstancia que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los de­rechos y la igualdad real de oportunidades de las personas (Ley de Migración, 2011: artículo 109, fracción XI). El acceso efectivo a la educación es una tarea que involucra al menos a la Secretaría de Educación Pública, a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Su­perior (anuies) y el Conacyt.

Para cumplir estos objetivos se requiere for­talecer mecanismos de integración y facilitación de las medidas para el ingreso de las personas migrantes al Sistema Educativo Nacional. Si bien en años anteriores se emprendió una serie de acciones en materia de coordinación para la modificación de la normatividad –lo cual fue un avance importante–, es necesario que éstas se consoliden. Además, es preciso mejorar los mecanis­mos de difusión con autoridades municipales y estatales, así como crear herramientas que per­mitan a la población acceder a esta información sin necesidad de intermediarios. De la misma manera se deben impulsar y fortalecer los programas que alientan la educación intercultural con en­foque migratorio, así como la conformación de alianzas y convenios en materia educativa a nivel global, bajo el principio de equidad entre perso­nas nacionales y extranjeras.

Además, será imprescindible incluir la valora­ción de la migración y la interculturalidad como principio transversal en la política educativa, así como sensibilizar a padres y madres de familia, docentes y alumnado sobre la importancia de res­petar la diversidad para lograr el pleno desarrollo de las comunidades de origen. Esta articulación entre política migratoria y educativa requerirá de un marco comprensivo para atender las necesida­des de poblaciones específicas como niñas, niños y adolescentes (nna), adultos mayores, perso­nas con discapacidad, personas pertenecientes a la comunidad lgbti, mujeres embarazadas, per­sonas indígenas, solicitantes de la condición de refugiado(a), entre otras, bajo una perspectiva in­tersectorial y con pleno respeto de los derechos humanos.

También, en atención a la migración de retor­no, resulta indispensable promover una educación binacional y bilingüe que permita su adecuada transición e integración a la sociedad, así como proteger el derecho a la educación de las y los mexicanos en el exterior y su plena inclusión a los sistemas educativos de los países de acogi­da. Para ello, el Gobierno de México, a través de las secretarías de Educación Pública (sep) y de Relaciones Exteriores (sre), requerirá refor­zar campañas de información, asesoramiento y acompañamiento, así como de vinculación educativa a través de sus representaciones en el exte­rior, incluyendo la implementación de sistemas de educación duales,8 en conjunto con diversos paí­ses que permitan obtener la validación de forma automática de títulos obtenidos en el extranjero.

^{4 .} En 2017 se suspendió toda nueva solicitud a este programa, que ha beneficiado a casi 799 000 personas migrantes, de las cuales 79% es de nacionalidad mexicana. Por su parte el programa de Acción Diferida para los Padres (dapa), el cual iba a proteger a padres no documentados con hijos(as) estadounidenses, y que pretendía regularizar a casi cinco millones de personas, fue suspendido definitivamente, ese mismo año.
^5. Definición propia a partir de upm, 2014: 106-107, y rlm, 2012: artículos 124 y 125. Alternativamente pueden consultarse las definiciones propuestas por la OrganizaciónInternacional para las Migraciones (oim) en torno a los términos migrante calificado y nacional calificado (véase oim, 2006: 41, 45).
^6. En orden de importancia, la lista se encuentra conformada por Reino Unido, Filipinas, India, Alemania, China, México, Canadá, Italia, Vietnam y Estados Unidos.
^7. Cabe mencionar que, pese a que el sistema de puntos se encuentra normado en el artículo 57 de la Ley de Migración, promulgada durante 2011, aún no se implementa.
^8. En 2017 se suspendió toda nueva solicitud a este programa, que ha beneficiado a casi 799 000 personas migrantes, de las cuales 79% es de nacionalidad mexicana. Por su parte el programa de Acción Diferida para los Padres (dapa), el cual iba a proteger a padres no documentados con hijos(as) estadounidenses, y que pretendía regularizar a casi cinco millones de personas, fue suspendido definitivamente, ese mismo año.