La migración es una actividad que siempre ha estado presente en la historia de la humanidad y se le ha vinculado generalmente con la búsqueda de mejores condiciones de vida; el poblamiento de ciudades, o la sobrevivencia ante amenazas causadas por eventos naturales o antropogénicos.

En décadas recientes, el fenómeno migratorio ha adquirido una mayor complejidad y hoy en día es posible identificar procesos estructurales como la pobreza, la falta de oportunidades de desarrollo y la violencia generalizada como detonantes de la migración.

En este contexto, millones de personas en el mundo se han visto obligadas a emigrar, muchas veces sin la documentación necesaria para acreditar una estancia legal en otro país, lo cual las ubica en condiciones de vulnerabilidad y, por consiguiente, como susceptibles de sufrir violaciones a sus derechos humanos. 

En el país de destino o de tránsito, las personas migrantes se enfrentan comúnmente a una serie de políticas y leyes que les resultan ajenas, así como a prácticas culturales y sociales que las colocan en situaciones de exclusión y fragilidad.

Otra parte de la problemática que suelen afrontar las personas migrantes guarda relación con una dimensión ideológica que se traduce en acciones discriminatorias por parte de las sociedades de acogida, incluso a veces ejercidas desde el Estado, así como la ausencia de redes sociales de apoyo que contribuyan a una adecuada integración.

En este sentido, es necesario dejar de lado el abordaje de la migración a partir del enfoque de la seguridad nacional y hacerlo desde la perspectiva de los derechos humanos. Esto es particularmente indispensable para tener como base el derecho a la movilidad humana y con ello dejar de ver a las personas migrantes como criminales, sobre todo a quienes viajan en situación irregular, es decir, sin documentos.

La experiencia ha demostrado que un aspecto crucial en la atención de los flujos migratorios es la identificación oportuna de las necesidades específicas de los grupos poblacionales que los componen, en especial las niñas, niños y adolescentes no acompañados; las mujeres; las mujeres embarazadas; las personas con discapacidad; las personas adultas mayores, y las personas de la comunidad LGBT+. Por supuesto, es imprescindible identificar con toda precisión entre estos flujos a las personas cuya prioridad es recibir protección internacional.

Por ejemplo, datos preliminares de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas muestran que de enero a junio de 2019 fueron presentados ante la autoridad migratoria 32 507 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 8 033 viajaban no acompañados(as), lo que representa 7.4% del total de personas presentadas en ese periodo semestral (108 503). Para ellas y ellos es indispensable se les garanticen acciones que satisfagan el interés superior de la niñez, así como una atención efectiva, inmediata, integral y de seguimiento para que sus derechos no sean vulnerados. En este sentido, se están reforzando estrategias de colaboración entre instituciones que atienden a esta población migrante, tales como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (dif) o el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

Mediante la suscripción de acuerdos en el plano internacional, México cuenta por su parte con un amplio andamiaje que no solo ampara los derechos de las personas migrantes y refugiadas, sino que, además, busca establecer acciones concretas entre los países para su debida atención.

A nivel nacional, la adopción de instrumentos y la creación de leyes responden a la naturaleza de México como país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, así como hogar de miles de refugiados(as) a lo largo de la historia.

En la actual coyuntura, el Gobierno de México ha puesto en marcha acciones específicas para la protección de las personas migrantes que buscan refugio en Estados Unidos, como son la instalación de albergues temporales y ferias de empleo.

En este sentido, el Programa Nacional de Derechos Humanos, impulsado desde la Secretaría de Gobernación, es una herramienta estratégica dirigida a asegurar la gestión de políticas públicas en materia de defensa de los derechos humanos, y garantizar la protección de grupos específicos en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas migrantes que se encuentran en nuestro país.