Unidad de Política Migratoria
Vision Ejecutivade la política migratoria: Principales componentes
La política migratoria del Gobierno de México (2018-2024) se constituye sobre la base del respeto pleno de los derechos humanos a partir de un enfoque multisectorial, pluridimensional, corresponsable, transversal, incluyente y con perspectiva de género.9 Para dar cabal cumplimiento a esos fundamentos, la nueva política se sostiene sobre siete pilares que conjugan su implementación y gestión: la responsabilidad compartida; la movilidad y migración internacional regular, ordenada y segura; la migración irregular; el fortalecimiento institucional; la protección de connacionales en el exterior; la integración y reintegración de personas en contextos de migración y movilidad internacional, y el desarrollo sostenible.
Estas nuevas directrices se fundan en los principios de la política migratoria del Estado mexicano previstos en la Ley de Migración y en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político; los instrumentos internacionales sobre derechos humanos; el paradigma migratorio del Pacto Mundial de Migración, y el Pacto Mundial sobre Refugiados, cuya adopción por parte de los Estados orienta su actuar en materia migratoria y, específicamente el de México, que ha sido desde su conformación uno de sus principales impulsores.
2.1. Responsabilidad compartida
Este componente contempla, en primera instancia, la renovación del diálogo con los gobiernos de los países de Centroamérica, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, identificándolos como interlocutores y colaboradores para articular convenios o instrumentos internacionales que permitan abordar el fenómeno desde diversas facetas, no sólo para atender la movilidad internacional en tránsito hacia Estados Unidos, sino como una oportunidad para impulsar el desarrollo en la región y la movilidad laboral, turística y comercial, tarea encomendada a la Secretaría de Turismo. Asimismo, se busca renovar el diálogo con el Gobierno de Estados Unidos para garantizar la protección de las y los connacionales que se encuentran en territorio estadounidense y de quienes retornan a México víctimas del recrudecimiento de las políticas migratorias de ese país, además de generar sinergias que beneficien a la población binacional.
Por otro lado, el componente busca abrir los canales de comunicación y de intercambio de experiencias y buenas prácticas con otros países en América Latina, Europa y Asia-Pacífico en materia de movilidad laboral, atracción de talentos y medidas de protección para trabajadores y trabajadoras migrantes.
A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración se impulsa un diálogo que promueva la movilidad y migración regular, ordenada y segura bajo una perspectiva de derechos humanos y facilitación con los principales socios de México en foros o espacios propicios, señalando que los movimientos migratorios benefician y fortalecen a los países involucrados y, con ello, a las regiones que los componen.
Las áreas de Centro y Norteamérica constituyen uno de los corredores migratorios más importantes a nivel mundial debido al alto número de personas migrantes que anualmente residen y transitan a lo largo de ellas. En este sentido, la nueva política migratoria del Gobierno de México mantiene una estrecha comunicación con sus vecinos y con los países con los que históricamente se relaciona por medio de la migración; sin embargo, se compromete a ser sensible ante los flujos extrarregionales o extraordinarios que llegan al país desde distintas partes del mundo. En esa misma dirección, esta nueva política migratoria reconoce que si bien la diáspora mexicana se concentra en su mayoría en Estados Unidos no es el destino único, y atiende con el mismo énfasis a mexicanos y mexicanas que viven en otros países como Canadá, España o Alemania, por mencionar algunos.
2.2. Movilidad y migración internacional
regular, ordenada y segura.
Es ésta una de las principales tareas del quehacer gubernamental que, por un lado, necesita abrir vías y, por el otro, fortalecer las existentes para permitir a las personas moverse hacia y desde México de manera segura, ordenada y regular. Este componente se centra en el apego a los tratados y pactos internacionales firmados y ratificados por México, pero incluye la revisión de los esquemas, requisitos y procedimientos para la atención de la migración y la movilidad en sus distintas modalidades (familiar, laboral, estudiantil, turística, de negocios, por salud, cultura) de forma interna y, particularmente, para considerar la movilidad en la frontera sur del país, la cual está dinamizada por visitantes regionales y trabajadores fronterizos.
En este espacio, la nueva política migratoria transita también hacia vías alternas para incorporar o fortalecer el uso de tecnologías de la información, la interconexión de sistemas, la coordinación entre autoridades y la adecuación de una infraestructura que considere la dinámica y el volumen de los flujos migratorios, con miras a simplificar, mejorar y modernizar los trámites correspondientes. Todo ello puede darse a partir de la colaboración entre el Servicio de Administración Tributaria (sat), el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas y la Secretaría de Relaciones Exteriores, como principales instituciones responsables.
9 Destacan, en este sentido, las observaciones al Estado mexicano emitidas por el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cedaw, por sus siglas en inglés), a partir de la examinación de su noveno informe periódico ante este mecanismo, donde se incluye por primera vez recomendaciones específicas sobre mujeres migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.
2.3. Atención a la migración Irregular
Este fenómeno ha tenido y seguirá teniendo un peso importante en el país. Por eso es fundamental proporcionar a este grupo medidas de protección a su integridad física y psicológica. Si bien existen acciones específicas para tales fines, es necesario evaluarlas, mejorarlas y fortalecerlas. Por ejemplo, es necesario revisar el trabajo que han hecho los Grupos Beta del Instituto Nacional de Migración, así como los protocolos de identificación para víctimas de algún delito, para solicitantes de refugio, nna y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Lo anterior no excluye impulsar programas de regularización migratoria, así como la flexibilización de los procesos burocráticos.
El diseño y ejecución de la nueva política migratoria requiere instituciones que funcionen poniendo en práctica estándares internacionales y que trabajen de manera coordinada y eficiente para la adecuada atención de los flujos migratorios que transitan por México, considerando la diversidad de su composición y las características de sus integrantes reconociendo el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Entre las principales instancias a destacar al respecto están el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), las procuradurías del Sistema Nacional, Estatal y Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (dif), Procuradurías Nacional, Estatales y Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas.
2.4. Fortalecer las capacidades de las instituciones
La labor de las instituciones es proveer servicios y brindar atención a las poblaciones en contextos de movilidad. Es esencial, por ejemplo, el trabajo que esta administración hace para el fortalecimiento de capacidades en materia de salud, educación, trabajo, registro civil, seguridad social y cultura, entre otras. Por ello, es del mayor interés del Estado mexicano que la nueva política sea incluyente respecto de las facultades concurrentes en los tres órdenes de gobierno, por lo que es también esencial buscar su fortalecimiento.
En congruencia con lo anterior, cabe señalar que este componente busca que las instituciones consagradas a la materia migratoria (como son la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Instituto Nacional de Migración, las oficinas consulares y la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas) analicen y adquieran nuevas habilidades y competencias a través de la promoción de las reformas estructurales necesarias que les permitan vincularse y complementar su actuar para atender el fenómeno migratorio de manera integral, transversal, interinstitucional y con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, así como recabar, procesar y sistematizar de manera periódica y permanente información estadística que provea de elementos para la adecuada toma de decisiones. En esta reingeniería institucional es fundamental también la dotación de infraestructura eficiente y moderna, particularmente en los puntos de internación de las fronteras norte y sur de México, que incorporen tecnologías de la información para facilitar el ingreso y la identificación de personas.
El fortalecimiento de las instituciones debe considerar también al capital humano que funge como motor. Por ello es necesario consolidar el Servicio Profesional de Carrera Migratoria, así como capacitar y profesionalizar permanentemente al personal de acuerdo con los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, género, igualdad y transparencia, e implementar medidas para aprovechar sus competencias y habilidades a fin de incentivar y generar oportunidades de permanencia y desarrollo. En particular, para la atención de nna se debe tomar en cuenta la Ruta de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración, cuyo propósito es que las instituciones intervengan de forma eficiente y coordinada en atención del interés de la niñez en el ámbito de sus atribuciones.
2.5. Protección de mexicanas y mexicanos en el exterior
En este Gobierno se valora la contribución que millones de connacionales en el extranjero hacen al país, particularmente desde Estados Unidos de América por medio de las remesas, pero también en los rubros social y cultural debido al contacto permanente y a la promoción de habilidades y competencias a través de capital humano, así como el impulso de proyectos productivos en las localidades de origen para el desarrollo de infraestructura social, servicios comunitarios y educativos. Considerando que esta población es mexicana y, por lo tanto, es sujeta de derechos en el territorio nacional, la nueva política migratoria crea un componente específico para su protección y atención; su vinculación con sus comunidades de origen; los procesos de coordinación con todos los órdenes de gobierno, así como políticas culturales que permitan la continuidad de los vínculos con México, no sólo de forma material sino también simbólica, fortaleciendo el arraigo y el sentimiento de pertenencia a la nación, para lo cual cobra especial relevancia el rol de la Secretaría de Cultura para impulsar políticas y programas acordes. Esto busca no sólo fortalecer la presencia de México en el exterior, sino además incentivar el retorno de personal calificado.10
La labor diplomática consular en México, a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, impulsa nuevas acciones para contribuir a mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos en el exterior y sus familias en temas como la promoción de condiciones de trabajo justas, empoderamiento de la comunidad migrante, asesoría y acompañamiento jurídico, atención psicológica, información sobre derechos humanos, así como la tramitación de documentos de servicios de protección infantil, por mencionar algunos.
De manera especial, uno de los temas que está presente en la agenda del Gobierno de México consiste en garantizar los derechos de la población mexicana en el exterior, que se encuentra privada de la libertad, particularmente en centros de reclusión estadounidenses, pues es donde ocurre el mayor número de violaciones a los derechos de ciudadanos(as) mexicanos(as). Para ello es apremiante fortalecer el diálogo con el Gobierno de Estados Unidos mediante la coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de crear un mecanismo que permita al gobierno mexicano garantizar los alcances de la protección consular que brinda a sus connacionales que se encuentran privados de la libertad en el marco del derecho internacional de los derechos humanos.11
10 Para ello, será importante promover acciones entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Conacyt.
11 Se agradecen profundamente las aportaciones del doctor Jorge Bustamante, profesor emérito de El Colegio de la Frontera Norte, para posicionar este tema en la política migratoria del Gobierno de México 2018-2024.
2.6. Integración y reintegración de personas migrantes.
Los procesos de integración y reintegración parten de la lógica de la inclusión, es decir, cuentan con la participación activa de todos los actores involucrados. Las personas migrantes no sólo son receptoras de las acciones o políticas, sino que tienen una participación activa en su definición, ejecución y seguimiento, ya que a través de diversos ejercicios se les dota de herramientas para que hagan exigibles sus derechos. En este sentido, es importante impulsar que en las sociedades de acogida de estas poblaciones se fomenten acciones relacionadas con la solidaridad, la no discriminación y la eliminación de la xenofobia, labor en la que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación tendrá un papel fundamental para impulsar acciones que atiendan estos principios, mismas que deberán aterrizarse en los distintos órdenes de gobierno a fin de permear en las comunidades de personas migrantes.
Para la integración y reintegración de personas en contextos de movilidad, el Estado mexicano tiene la visión de empoderamiento de las personas migrantes, refugiadas y beneficiarias de protección complementaria para que se conviertan en miembros plenos y activos de nuestra sociedad, además de destacar sus contribuciones positivas y promover la inclusión y la cohesión. Desde esta perspectiva, resultan fundamentales las recomendaciones, el trabajo coordinado y el acompañamiento con las y los defensores de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, con la finalidad de crear puentes de comunicación que se traduzcan en el ejercicio efectivo de derechos. El Consejo Consultivo de Política Migratoria, a cargo de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, es la instancia ideal para consolidar estas interacciones.
Es importante mencionar que los gobiernos locales son los encargados, en un primer momento, de llevar a cabo acciones de integración y reintegración. A nivel nacional, existen oficinas estatales de atención a migrantes12 que coadyuvan principalmente en la reintegración de las personas de origen mexicano que retornan a los estados; asimismo, mantienen comunicación con las y los connacionales que se encuentran principalmente en Estados Unidos y les vinculan con sus comunidades de origen. No obstante, en su mayoría, no realizan acciones para la integración de personas extranjeras que residen en el país. En este marco, resulta fundamental dotar de información, capacitar y sensibilizar al funcionariado público local sobre las implicaciones de los procesos de integración y reintegración en las comunidades receptoras de personas migrantes.
La política integral tiene como base la definición del perfil de las personas migrantes y refugiadas; sus necesidades en el ámbito local; el fortalecimiento de los lazos y redes en las comunidades, y la coordinación interinstitucional efectiva, por ejemplo para llevar a cabo los procesos de reunificación familiar. Estas tareas, fundamentales para la construcción de la política, están a cargo de las instancias consagradas a la generación y procesamiento de información en la materia, como son la Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Instituto Nacional de Migración, así como la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La migración de retorno juega un papel fundamental en los procesos de integración y reintegración. En los últimos 10 años ha habido un incremento considerable en el número de deportaciones de población mexicana migrante proveniente de Estados Unidos, lo que constituye una amenaza real y constante para millones de connacionales que residen en ese país. Esta amenaza no está relacionada únicamente con cifras, sino con la parte cualitativa de este retroceso, es decir, con el impacto de las deportaciones en el ámbito de lo personal, en términos de descomposición familiar y de desarrollo de plan de vida. El Gobierno de México contempla en este sentido proveer condiciones adecuadas para la integración de todas y todos nuestros connacionales y sus familias en el marco de un retorno digno, con perspectiva de derechos humanos y de género, evitando en todo momento la revictimización mediante el despliegue de esfuerzos no sólo en términos de cobertura, sino también de calidad.
Para impulsar los procesos de integración y reintegración se parte de la garantía de acceso a derechos o el fortalecimiento de su ejercicio; del reconocimiento de la identidad de las personas migrantes; el acceso a servicios; su incorporación en el ámbito educativo o en el mercado laboral, o el desarrollo de redes que promuevan su inserción familiar y cultural, lo que fortalece, entre otras cosas, el arraigo, por ejemplo a través de acciones para que puedan acceder a una vivienda, ya sea en un esquema de arrendamiento o propia. Es necesario tener en cuenta que estos procesos tienen efecto en el mediano y largo plazos; por ende, las acciones que se emprendan en este marco –básicamente a cargo de la Condusef y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través de sus coordinaciones estatales– deben considerar, además de lo ya mencionado, la diversidad, el desarrollo humano sostenible y la seguridad humana.
12 Estas oficinas mantienen vínculos de colaboración a través de la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes (conofam) y los mecanismos regionales para tal efecto.
2.7. Desarrollo sostenible en comunidades migrantes
Este componente busca satisfacer las necesidades actuales de las personas en comunidades expulsoras y receptoras de migrantes, particularmente en la región sur-sureste, sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones, con la finalidad de lograr la autosuficiencia regional, asegurar que la actividad económica mejore la calidad de vida de todas las personas, usar los recursos eficientemente, promover el máximo de reciclaje y reutilización, así como emprender otras acciones que mantengan y mejoren el sistema ambiental a través del diseño de políticas públicas y de combate al rezago social, orientadas a reducir los niveles de marginación.
Para sostener cada uno de estos componentes de la actual política migratoria es fundamental el trabajo coordinado y articulado en los tres órdenes de gobierno, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil e iniciativa privada, así como promover campañas permanentes de difusión de los derechos de las personas migrantes, sus contribuciones en las comunidades receptoras mediante el intercambio de habilidades y competencias, y el enriquecimiento cultural que la migración genera entre países.